29 Abr, 2025 07:17 p.m. EST
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martes, 20 de mayo de 2025
miércoles, 30 de abril de 2025
Fin del spam: Congreso aprueba por insistencia norma que prohíbe llamadas, mensajes y correos no deseados
Por unanimidad, el Pleno del Parlamento aprobó la ley que modifica el Código de Protección y Defensa del Consumidor, a fin de restringir el contacto publicitario no autorizado
El Congreso de la República del Perú aprobó por insistencia una ley que modifica el Código de Protección y Defensa del Consumidor, con el propósito de restringir las llamadas publicitarias no solicitadas, conocidas como spam. De manera unánime, el Pleno aprobó por insistencia la norma que busca salvaguardar la tranquilidad y seguridad de los ciudadanos ante las quejas de usuarios que aseguran recibir un gran número de llamadas durante el día.
Ahora, con el respaldo de más de 100 votos, las empresas no podrán utilizar centros de llamadas, sistemas automáticos de llamadas telefónicas, mensajes de texto masivos o correos electrónicos para promocionar productos o servicios sin el consentimiento expreso de los consumidores.
De acuerdo con el presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor (Codeco), Manuel García Correa, el Perú ocupa el segundo lugar a nivel mundial en la recepción de llamadas spam, con un promedio de 18 intentos de contacto por usuario al mes. Entre enero de 2020 y diciembre de 2023, Indecopi sancionó a 53 empresas por infringir la normativa vigente, imponiendo un total de 78 multas que superaron los 5,3 millones de soles. Sin embargo, estas sanciones no han sido suficientes para erradicar la práctica, señaló el legislador.
Otro de los congresistas en pronunciarse fue José Luna, quien destacó la importancia de esta medida para frenar el acoso que sufren millones de ciudadanos. Señaló que estas prácticas no solo alteran la tranquilidad de las personas, sino que también afectan su salud. Según datos oficiales, un ciudadano puede recibir en promedio hasta 36 llamadas de este tipo a la semana, lo que evidencia la magnitud del problema.
“No podemos permitir que siga el acoso y la coacción al que nos someten estas empresas por ofrecer un servicio o producto. Todo consumidor tiene derecho a la protección contra los métodos comerciales agresivos o engañosos, y constituyen acoso y coacción”, sostuvo.
Cabe mencionar que, con su aprobación, se desestimaron todas las observaciones dadas por el gobierno de Dina Boluarte, quien ha devuelto la norma en tres ocasiones, impidiendo su promulgación. El historial de objeciones por parte del Ejecutivo comenzó en abril de 2023, cuando se presentó la primera objeción. Posteriormente, en octubre del mismo año, se emitió una segunda observación, y la tercera tuvo lugar en julio de 2024.
¿Por qué Dina Boluarte se oponía a la ley antispam?
De acuerdo con el oficio enviado por el Ejecutivo al Congreso, la principal objeción radica en que la ley, al prohibir las comunicaciones iniciales no solicitadas, limitaría tanto los intereses de las empresas como los de los propios usuarios. Según este documento, la normativa impediría que los titulares de datos personales puedan manifestar de manera expresa su consentimiento para recibir ofertas que podrían ser de su interés. Sin embargo, este argumento ha sido calificado como “absurdo” por los congresistas Wilson Soto y Jorge Morante, quienes lideran la defensa del proyecto de ley.
Por su parte, el Ejecutivo ha defendido su posición argumentando que la normativa podría afectar a unas 20.000 personas que trabajan en sectores relacionados con el telemarketing y la publicidad. Este impacto laboral ha sido uno de los puntos más controvertidos del debate, ya que los promotores de la ley consideran que la protección de los derechos de los consumidores debe prevalecer sobre los intereses económicos de las empresas.
“¿Quién no recibe todos los días llamadas cuando uno ni siquiera lo ha autorizado? Yo, por ejemplo, recibo llamadas hasta de otros países, como la India, Pakistán y yo nunca lo he autorizado. [...] Es molestoso y muchas veces también camufla las extorsiones. Entonces, yo creo que es importante por la tranquilidad de los peruanos que esta norma se apruebe”, dijo Soto en diálogo con Infobae Perú.
martes, 25 de febrero de 2025
sábado, 21 de diciembre de 2024
viernes, 28 de julio de 2023
Decreto Supremo obliga a exchanges de Bitcoin a cumplir normas antilavado en Perú
La normativa establece que los proveedores de servicios con criptomonedas deben reportar información a la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú.
La nueva normativa fue emanada de la Presidencia del Perú.
Hechos clave:
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Exchanges deberán cumplir las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
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La nueva normativa fue publicada en el diario oficial y entra en vigencia desde este 27 de julio.
Un nuevo decreto emanado de la Presidencia del Perú este 27 de julio incluye a los exchanges de criptomonedas que operan en el país en el grupo de entidades obligadas a cumplir normas antilavado de dinero.
Tal como publica el Diario Oficial El Peruano, la normativa establece que a partir de esta fecha los proveedores de servicios con activos virtuales deberán ofrecer información a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF-Perú), ente encargado de recibir, analizar, tratar, evaluar y transmitir información para la detección del lavado de activos (LA) y/o del financiamiento del terrorismo (FT).
La norma define a los “Proveedores de Servicios de Activos Virtuales” como aquellos individuos o empresas, ya sean personas físicas o jurídicas, domiciliadas o constituidas en el país, que no se encuentren contemplados en otras recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera (GAFI). Se señalan específicamente los negocios que realizan una o más de las siguientes actividades:
- Intercambio entre activos virtuales y monedas fíat o de curso legal
- Intercambio entre diferentes formas de activos virtuales.
- Transferencia de activos virtuales.
- Custodia y/o administración de activos virtuales o instrumentos que permitan el control sobre ellos.
- Participación y provisión de servicios financieros relacionados con la oferta o venta de un activo virtual.
Es así como, de acuerdo al decreto presidencial, el objetivo es obligar a los exchanges de bitcoin (BTC) y otras criptomonedas a cumplir con las recomendaciones establecidas por el GAFI, dentro de las cuales se incluye la llamada “regla de viaje”.
La idea es “abordar las preocupaciones relacionadas con el lavado de activos digitales y el financiamiento del terrorismo ligadas a las operaciones con criptomonedas”, tal como se acota en el Decreto. En consecuencia, las plataformas de criptomonedas deberán, entre otras acciones, aplicar normas KYC (conoce tu cliente), recopilando y compartiendo datos de sus clientes.
Se espera ahora que la Unidad de Inteligencia Financiera emita, en los próximos días, lineamientos más específicos en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo para los exchanges de criptomonedas que funcionan en el país andino.
El decreto se publica en un contexto en el cual las autoridades peruanas han manifestado sus intenciones de regular el ecosistema de criptomonedas. Tal como informó CriptoNoticias el pasado 25 de junio, la Comisión de Economía del Congreso aprobó una propuesta presentada por el congresista José Luis Elías Ávalos.
Sin embargo, el proyecto de ley, que está en espera de su discusión en plenaria, ha sido cuestionado por miembros del sector.
La Asociación Blockchain & DLT de Perú (ABPE), una comunidad integrada por profesionales y entusiastas que promueven la adopción de bitcoin, asegura que la propuesta se elaboró sin su participación y de espaladas a la comunidad peruana. Por ello solicitan al Congreso la apertura de un debate con miembros del ecosistema.
domingo, 9 de julio de 2023
Autos eléctricos piden más apoyo del Estado
MB Renting presentó la propuesta del EV Car Sharing, una solución que fomenta la movilidad sostenible
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Mercado aún es pequeño pero está creciendo. (Perú21)
Para impulsar el mercado de vehículos eléctricos en el país se necesita de mayor apoyo del Estado, manifestó la gerenta comercial de MB Renting, Elena Rochabrún.
“Sin la ayuda del Estado vamos a crecer, pero no de la manera exponencial que necesitamos. Requerimos el apoyo para temas de infraestructura de carga a lo largo del territorio nacional”, aseguró en diálogo con Perú21.
En cuanto a las propuestas que hay en el Congreso para reducir impuestos relacionados con estos autos, señaló que es necesario que estas iniciativas se aprueben.
Asimismo, indicó que desde el lado de las empresas privadas tienen que impulsar y mostrar cuáles son las ventajas de contar con una flota de carros electrificados.
Al respecto, MB Renting presentó la propuesta del EV Car Sharing, una solución que fomenta la movilidad sostenible. Esta iniciativa permite a los usuarios alquilar un auto 100% eléctrico hasta por 15 días. Los clientes pueden reservar el vehículo a través de un aplicativo.
El gerente general de MB Renting, Eddy Yokoyama, señaló que con el celular se puede encender y apagar el carro. Inicialmente, se enfocarán en los trabajadores del Grupo Centenario, quienes podrán recoger el auto en el Centro Empresarial Real.
https://peru21.pe/economia/autos-electricos-piden-mas-apoyo-del-estado-noticia/
lunes, 26 de junio de 2023
Ley para las criptomonedas en Perú a un paso más cerca de su aprobación
La Comisión de Economía del Congreso de Perú aprobó el viernes el dictamen sobre la ley que regulará la comercialización de criptomonedas.
La ley plantea la regulación de las operaciones y funcionamiento de las empresas prestadoras de servicios con criptoactivos. Fuente: Promesartstudio. Adobe Stock.
Hechos clave:
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El proyecto para regular el comercio de criptoactivos en Perú se presentó en diciembre de 2021.
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El proyecto de ley ahora deberá ser debatido en la plenaria del Congreso.
La Comisión de Economía y Finanzas del Congreso de Perú aprobó el dictamen de la ley que regula la comercialización de bitcoin (BTC) y criptomonedas en ese país, llevando a esta regulación un paso más cerca de su posible proclamación como ley de la República.
En la sesión ordinaria del pasado viernes 23 de junio, los diputados que conforman la Comisión aprobaron por 10 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones, el mencionado dictamen. Así quedó reflejado en la transmisión en línea de la sesión legislativa.
Ahora, el proyecto N°1042-2021-CR, que fue presentado inicialmente en diciembre del año 2021, entrará en la plenaria de la entidad unicameral peruana, donde será debatido y posteriormente aprobado (o rechazado para su evaluación).
La ley plantea la regulación de las operaciones y funcionamiento de las empresas prestadoras de servicios con criptoactivos. Entre ellas destacan los exchanges de criptomonedas y monederos, “basándose en los principios de libre mercado y de libre competencia”.
El proyecto de ley también determina que la adquisición y uso de criptomonedas es “responsabilidad absoluta” de los compradores y propietarios. Por tanto, “deben procurar por informarse de los riesgos inherentes a la negociación” con estos activos.
No obstante, aclara que el uso de los criptoactivos, sus reglas, valor y otros aspectos “son fiscalizados por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Banca y Seguros”.
Los proveedores de criptomonedas tendrán que registrarse
La regulación planteada en 2021 por el diputado José Luis Elías Ávalos, también establece la creación de un registro de proveedores de servicios, llamado RUPIC, “el cual tiene por objeto inscribir todas las plataformas de intercambio de criptomonedas que presten los servicios establecidos”.
La Comisión de Economía y Finanzas del Congreso de Perú establece que el marco legal para la comercialización con criptoactivos proporcionará “claridad, transparencia y seguridad jurídica” a los inversionistas y emisores de criptomonedas.
Además, el proyecto permitirá contrarrestar fraudes y otros delitos cometidos con activos virtuales, entre ellos el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
La Comisión también dijo que el proyecto generará “un efecto positivo” en el sector de las criptomonedas en Perú. Asimismo, “protegerá al público general”, según el órgano legislativo.
El proyecto de ley que regula la comercialización de criptomonedas en Perú avanza junto con otros en la región. Como lo ha reportado CriptoNoticias, en países como Colombia la regulación del ecosistema también está a pocos pasos de concretarse.
La adopción de las criptomonedas crece en Perú
El avance del proyecto de ley en el Congreso de Perú se da en un contexto en que la adopción del ecosistema de criptomonedas en ese país va en crecimiento constante. Así lo deja ver la firma de análisis de cadenas de bloques Chainalysis, que determina que el país andino es la octava nación latinoamericana con mayor uso de criptoactivos.
La misma empresa resalta que Perú ostenta actualmente el puesto número 35 en el ranking mundial de adopción. Quiere decir que, en esta nación, el ecosistema de Bitcoin es ampliamente conocido.
Y es que, como lo reportó CriptoNoticias, Perú también lidera el volumen de transacciones en la Bitcoin Beach Wallet. A eso se suma que más de 60.000 peruanos han recibido instrucción académica sobre bitcoin desde 2020, lo que se traduce en una mayor adopción.
A esto hay que añadir que existen emprendedores peruanos que decidieron sumarse al ecosistema de criptomonedas y aceptan BTC por su trabajo. Es el caso de Olger Alarcón, un zapatero que quiere calzar a toda América Latina, como informó este medio.
https://www.criptonoticias.com/regulacion/ley-criptomonedas-peru-paso-mas-cerca-aprobacion/
martes, 20 de junio de 2023
jueves, 8 de junio de 2023
viernes, 26 de mayo de 2023
Presentan el proyecto “Taxmo” para convertir un mototaxi tradicional a eléctrico
Presentan proyecto "Taxmo" para convertir mototaxis tradicionales en vehículos eléctricos. El congresista José Pazo propone un bono eléctrico de S/1,732 (35% de la UIT). Este plan busca reducir emisiones, mejorar la eficiencia y reemplazar gradualmente los combustibles fósiles en el transporte público.
Los requisitos incluyen antigüedad vehicular menor a 15 años, autorización de servicio público, ausencia de multas y más. Propuesta será evaluada en comisiones del Congreso. De aprobarse, se implementarán mecanismos de financiamiento para la conversión de vehículos.
miércoles, 21 de septiembre de 2022
domingo, 18 de septiembre de 2022
Empresas de telefonía y electricidad deberán retirar cables aéreos en desuso o mal estado
Proyecto de ley aprobado en Comisión de Energía del Congreso establece que retiro deberá efectuarse en un plazo de 24 meses, sin que ello constituya un costo para los usuarios.
La
presente ley tiene por objeto establecer la descontaminación ambiental
mediante el retiro del cableado aéreo de los servicios de electricidad y
de telecomunicaciones que se encuentren en mal estado o en desuso, a
fin de garantizar la seguridad de la población y el derecho a vivir en
un ambiente sano y equilibrado.
La medida se
aplicará a las zonas urbanas, y para ello las empresas, en un plazo no
mayor a 24 meses, contados desde el vigor de la presente ley, deben
proceder al retiro de estos cables sin trasladar los costos del retiro
en las tarifas pagadas por el público consumidor.
La
supervisión del retiro del cableado queda sujeto a la previsión
ambiental por parte de la entidad de fiscalización ambiental competente,
de acuerdo con las normas del Sistema Nacional de Evaluación y
Fiscalización Ambiental, y sujeto también a la supervisión de las
municipalidades provinciales y distritales.
La
norma establece que el incumplimiento de lo dispuesto (el retiro del
cableado) constituye infracción muy grave y sancionable con multa
impuesta por la autoridad competente de acuerdo al marco normativo.
El
acuerdo fue optar por la insistencia, debido a que solo se han aceptado
algunas observaciones del Ejecutivo y se ha mantenido el texto
originario de las otras disposiciones observadas, según se explica en
nota de prensa difundida por el Congreso.
El
legislador Héctor Acuña Peralta, autor de la iniciativa, explicó la
necesidad de incluir la participación de las empresas proveedoras y que
se precise en la misma el plazo de 24 meses para hacer efectivo el
retiro de la maraña de cables que se observan en las ciudades, de lo
contrario la ley solo será letra muerta, advirtió.
El tratamiento de costos le corresponderá establecer a los organismos reguladores, como Osinergmin u Osiptel, dijo.
De
la misma forma, la comisión se pronunció por que la norma no necesite
pasar por un proceso de reglamentación, hecho que generalmente hace que
las leyes aprobadas por el Congreso no se ejecuten ni cumplan su
cometido.
sábado, 16 de julio de 2022
MTC impulsa Ley Multisectorial de las Comunicaciones
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) impulsa la Política Nacional Multisectorial de Telecomunicaciones con enfoque en internet de banda ancha, porque será la herramienta que permita lograr la conectividad digital de cada rincón del país al considerar que contar con internet "es un derecho de todas las personas”.
lunes, 18 de abril de 2022
Todos los colegios públicos del país tendrán un profesor de educación física
Proyecto de ley aprobado por el Congreso permitirá la conversión de plazas eventuales a orgánicas
Foto: ANDINA/Difusión.
El titular de la dirección
de Educación Física y Deporte de la Dirección General de Educación
Básica Regular del Ministerio de Educación (Minedu), Giovanni Corvetto,
respaldó la iniciativa legislativa que modifica el artículo 50 de la Ley
N° 30432, referida a la Política Nacional del Deporte, con el objetivo
de priorizar el desarrollo del sistema deportivo en las instituciones
educativas del territorio nacional.
“Esta
iniciativa aprobada por unanimidad por el Congreso de la República es el
inicio de un proceso histórico de lucha constante de muchos actores
para revalorar la educación física y su importancia en el desarrollo
humano, deportivo y de la sociedad; asimismo, permitirá la conversión
progresiva de plazas eventuales de profesores de educación física a
plazas orgánicas en el proceso de nombramiento del 2023”, señaló.
El funcionario refirió
que en el 2001 el Minedu implementó la educación física a través de un
plan piloto del área de Desarrollo Personal de la Motricidad, y luego de
13 años se estableció el Plan Nacional de Educación Física y
Deporte Escolar, como estrategia de intervención educativa y social
que mejoró las políticas 9 y 10 del Plan Estratégico Sectorial
Multianual 2012 – 2016, referidas a la promoción de la actividad física y
hábitos de vida saludables, la recreación y el deporte a nivel escolar,
juvenil y adulto.
Corvetto
sostuvo que la modificación de la Ley N° 30432 permitirá convertir un
promedio de 1400 plazas docentes de educación física eventuales en
orgánicas y favorecer a una de las áreas más importantes que busca el
desarrollo de la autonomía, el autoconcepto, la imagen corporal e
identidad y la formación integral del ser humano.
Al
respecto, afirmó que “la educación física no solo busca el desarrollo
del talento deportivo, también busca el desarrollo humano y contribuye
al desarrollo socioemocional y de habilidades sociales de las personas”.
Por
su parte, la congresista Elízabeth Medina, autora del proyecto, dijo
que la iniciativa, que es fruto de su experiencia como docente de la
especialidad de educación física, fomentará la práctica de las diversas
disciplinas deportivas e identificará talentos que serán formados para
la alta competencia. “El deporte es salud, evita el sedentarismo y la
obesidad”, afirmó durante la sustentación del dictamen.
miércoles, 6 de abril de 2022
MTC publica Reglamento del Servicio Temporal de pasajeros en auto colectivo
La
norma, que busca desterrar la informalidad, precisa que los vehículos
deben estar acreditados en una empresa que presta servicio regional,
provincial e interdistrital. No aplica para Lima y Callao.
Fotos: MTC
6 de abril de 2022 - 12:12 p. m.
En
acatamiento de la Ley N° 31096 aprobada por el Congreso de la
República, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) publicó
el Reglamento del Servicio Temporal de Transporte Terrestre de Pasajeros
en Automóvil Colectivo. Se trata del Decreto Supremo N°003-2022-MTC
publicado en el diario oficial El Peruano.
Cabe señalar que la norma es de carácter regional, provincial e interdistrital. No aplica para Lima y el Callao.
Entre
los principales artículos, dicho decreto supremo indica que los
vehículos de transportes que ofrecerán el servicio de auto colectivo
deberán cumplir obligatoriamente con las condiciones técnicas, legales y
de operación que establece el presente reglamento.
Por
ejemplo, para pertenecer a la Categoría M1 la carrocería deberá ser de
un sedán o station wagon con un peso neto de 1100 kg y una cilindrada
mínima de 1600 cc o potencia de motor mínima de 110 HP. Para la
categoría M2 se requiere contar con un peso neto de 2000 kg y una
cilindrada de 2400 cc o potencia de motor mínima de 120 HP. Esto es para
el servicio temporal de transporte terrestre de pasajeros en automóvil
colectivo de ámbito nacional e interregional.
Sobre
los conductores, la norma indica que deberán contar con licencia de
conducir vigente de Clase A Categoría II-A para los vehículos de
categoría M1; y de la Clase A Categoría II-B para los vehículos de
categoría M2. Igualmente, señala que no se debe superar la edad máxima
de ochenta años para conducir vehículos y que el chofer debe encontrarse
en una correcta aptitud física y psicológica para conducir vehículos de
transporte.
Además, el conductor debe ser el
titular de una licencia de conducir vigente de la clase y categoría
establecida y que esta no se encuentre suspendida, retenida o cancelada
por infracciones a las normas de transporte y tránsito terrestre.
El
reglamento consta de 22 artículos y 8 disposiciones complementarias
finales, cuyo texto “forma parte integrante del presente Decreto
Supremo”.
Asimismo, es necesario precisar que el
Reglamento aclara que el presente Decreto Supremo, entrará en vigencia a
los diez días hábiles contados desde la fecha de su publicación en el
diario oficial El Peruano.
Para descargar la norma hacer clic en: https://is.gd/ipHwPJ
jueves, 17 de junio de 2021
Congreso da luz verde para la construcción del megapuerto de Ilo
Parlamentarios señalan que con este proyecto se mejorará la competitividad, reducirá los costos y se alcanzará una máxima eficiencia en la importación y exportación del comercio en Moquegua.
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El Pleno del Congreso aprobó, por unanimidad, el Proyecto de Ley 07340/2020-CR que declara de preferente interés nacional y necesidad pública la construcción del megapuerto de Ilo, en la región de Moquegua.
De esta manera, se encargará al Ministerio de Transportes y Comunicaciones la priorización, formulación, evaluación, ejecución y construcción de este proyecto.
Según la norma, la propuesta obedece al pedido y necesidad de la población de Moquegua para fortalecer las actividades económicas relacionadas al intercambio comercial de mercancías a nivel nacional e internacional.
Además, precisa que la construcción del megapuerto de llo permitirá alcanzar un incremento en la tendencia de llegada de barcos con mayores capacidades y calados que mejorarán la competitividad, reducirán los costos y alcanzarán una máxima eficiencia en la importación y exportación del comercio.
Incluso, menciona que el puerto tiene el potencial de ser una alternativa de salida para la carga de Brasil y Bolivia, que tengan como destino la zona oeste de EE.UU. y Asia.
Al respecto, el congresista Johan Flores Villegas (PP) afirmó que hay interés por parte de funcionarios de Mato Grosso (Brasil) para potenciar las actividades económicas entre ambos países, lo que generará “miles de puestos de trabajo”.
Plan de megapuertos
El parlamentario Otto Guibovich (AP) sostuvo que hace falta, de manera urgente, contar con un plan de puertos.
“Es a partir de los puertos que se genera el gran comercio internacional. No tenemos megapuertos, no contamos con planes de expansión. Ilo está rebasado en sus capacidades, teniendo aguas profundas para expandirse”, comentó.
También refirió que el puerto pesquero de Chimbote (Áncash) se sigue postergado por la displicencia del Ejecutivo. “La carga que sale de Casma y Nepeña tiene que venir hasta Lima para ser exportada, dijo. La ley declarativa hay que complementarla con un gran Plan de Puertos Nacional y el compromiso del gobierno local”, indicó.
sábado, 22 de mayo de 2021
Perú aprobó garantizar el 70 por ciento de la velocidad mínima de Internet
Después de varias semanas de discusión, el Pleno del Congreso peruano aprobó el dictamen que eleva del 40 por ciento al 70 por ciento la exigencia de garantizar la velocidad mínima de los servicios de Internet tanto en las zonas urbanas como rurales.
El proyecto fue aprobado prácticamente por unanimidad a última hora de este jueves: consiguió 111 votos a favor, ninguno en contra y una abstención, de acuerdo a lo informado por los medios de ese país.
“Los prestadores de servicios de Internet deberán garantizar el 70 por ciento de la velocidad mínima ofrecida en los contratos con los consumidores o usuarios, y establecidas en sus planes (pospago, prepago y otros) publicitados en los diferentes medios de comunicación”, se indicó en la copia taquigráfica de la sesión.
A partir de ahora, el Osiptel, organismo a cargo de regular las telecomunicaciones, tendrá un plazo de 60 días para emitir las normas reglamentarias que garanticen el cumplimiento de las disposiciones que surgen de esa ley.
Pese a que el texto obtuvo el visto bueno mayoritario desde varios sectores venían rechazando su propuesta, entre ellos el Poder Ejecutivo que había realizado 13 observaciones, entre ellas la falta de estructura de la norma.
También la GSMA se había manifestado en contra al señalar que se trata de un parámetro rígido sobre un aspecto en donde los operadores no tienen el control, por ejemplo, cuando el servicio es afectado por cuestiones climáticas.
Por su parte, la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) también se había manifestado en contra argumentando que esta decisión pone en riesgo el acceso a Internet a cinco millones de personas que todavía no están conectadas. Las razones sobre la oposición a esta medida se basan en que todavía hay trabas a la expansión de las redes de telecomunicaciones que no se resolvieron.
martes, 20 de octubre de 2020
miércoles, 29 de julio de 2020
Perú también debate elevar al 90% la velocidad mínima garantizada de Internet
La Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso de Perú fue el escenario para el primer debate del proyecto que tiene como objetivo garantizar una velocidad mínima de conexión a Internet de 90 por ciento sobre lo contratado. La propuesta 5398/2020 está firmada por siete congresistas y busca modificar la norma actual que obliga a los prestadores a brindar al menos el 40 por ciento.
En los últimos días, Chile dejó todo listo para la aplicación de una ley local con iguales objetivos. En ese caso se aplicará un mínimo de 95 y 98 por ciento según el horario en Internet fijo y entre un 93 y 95 por ciento para Internet móvil. La opción también se ha discutido en otros países de la región, con el ojo puesto en ampliar los derechos para los usuarios de telecomunicaciones.
La propuesta en Perú plantea que “los proveedores de acceso a Internet de banda ancha garanticen el 90 por ciento de las velocidades ofrecidas en su publicidad y en los contratos suscritos con los usuarios” en todos los planes, indicó El Comercio. También dispone que los usuarios tengan herramientas oficiales para medir su velocidad y que los operadores cuenten con 60 días para adecuarse a la norma.
Aunque el documento es incipiente, ya hubo críticas sobre su posible aplicación. Carlos Huamán, director de DN Consultores, señaló que esta norma muestra un desconocimiento de cómo funciona el usuario. “La velocidad debe ser una variable que motive a la competencia y los usuarios ocuparse de ver quién ofrece más beneficios”, indicó y consideró que esto podrá traer mayores costos y, como consecuencia, aumento de precios.
Desde la Asociación para el Fomento de Infraestructura (AFIN) señalaron que cumplir con esto “costará” porque “por algún lado se tiene que cubrir ese gasto”. En caso de que prospere, agregó su presidente Leonie Roca, su aplicación debe ser progresiva. También resaltó que la aplicación deberá ser para contratos nuevos porque resulta inconstitucional intervenir contratos en curso.
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