La campaña #NoTePases de El Comercio conversó con María Jara, presidenta de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU),
a fin de conocer la fórmula capaz de erradicar la informalidad y poner
fin al modelo ‘combi’ que permite que sigan circulando con impunidad
choferes con cientos de papeletas.
—Se
percibe que la ATU camina sola, sin el apoyo de otras entidades del
gobierno. Por un lado, la PCM se reúne con colectiveros (informales) sin
haber convocado a la propia autoridad del transporte, y por otro, hay
hasta proyectos legislativos para formalizarlos.
El
Viceministerio de Gobernanza de la PCM que se reunió con ellos está
cumpliendo su función: ellos tienen que trabajar para desactivar
conflictos. Conflictos es un tema que trasciende una serie de
actividades económicas y el transporte también. Por eso, se han reunido
dos a tres veces (con colectiveros). Es significativo el comunicado de
la PCM en el que expresa que la respuesta del Ejecutivo frente al
transporte es la ATU y en ningún momento se ha prometido formalizarlos.
—La
ATU fue creada hace un año, pero hasta ahora tiene gerencias con una
sola laptop y direcciones de una persona. El reglamento es de marzo,
había un plazo de 90 días para emitir los reglamentos. En ese plazo,
solo se designó al primer presidente y, en siete meses, fue nombrada
usted como reemplazo en ese cargo.
En
todo este tiempo, se ha hecho la entrega de mucha información
documental. Eso no se detuvo. Comenzó la fusión el 23 de octubre, fecha
en que la ATU comenzó a desplegar sus primeras acciones. De ahí a
esta parte, hemos ido recibiendo información de las gerencias
municipales de transporte, y también hemos recibido presupuesto. En los
siguientes meses, vamos a tener un local institucional al cual nos
mudaremos en condiciones dignas. Podremos tener hasta dos locales. Uno
de ellos con una escuela de fiscalizadores.
—Hace algunas semanas, le dijo al periodista Jaime Chincha que las combis desaparecerán en un año y medio. ¿Aún es posible?
Lo
que yo le dije es que no íbamos a tener combis en los corredores
principales. Pero como siempre ocurre, esa afirmación estaba
condicionada a la culminación de la fusión. La fusión con los corredores
complementarios de Pro Transporte y el Metropolitano aún no ha
concluido y urge que concluya.
—¿Eso
depende del alcalde Jorge Muñoz? Él debió deshacerse del tema de los
corredores hace tiempo, pero acaba de declarar que le compete a su
municipalidad terminar de licitar todas las rutas que corresponden.
Urge
que concluya la fusión. Depende de que la Municipalidad de Lima
gestione rápidamente las adendas con el MEF. Estamos diciéndoles que es
imperativo, realmente, que el proceso concluya, porque las decisiones
trascendentales las tiene que tomar la ATU. Este proceso ya debió
concluir. En este tiempo en el que no concluye la fusión, no se pueden
tomar decisiones trascendentales: aprobar nuevos servicios, firmar
adendas, son cosas que ya nosotros tendríamos que poder llevar a cabo.
—¿Cuántos fiscalizadores tiene la ATU?
Tenemos
120 inspectores de transporte que nos ha transferido la municipalidad.
Es un número muy reducido. El grueso de fiscalizadores (cerca de mil)
está en los corredores complementarios y en el Metropolitano, que son
dos medios de transporte que deben pasar a la ATU.
—Se
ampliaron las autorizaciones a todas las combis hasta por un año más.
¿La ATU no pudo filtrar a ninguna? Hay unidades que circulan con deudas
millonarias y arrastran muertos y accidentes.
Esta
es una etapa de transición que ha planteado el sector con buen tino. No
va a ser por un año sino menos [31 de octubre del 2020], y esto nos va a
permitir hacer una fiscalización documental de lo que realmente son
estas empresas. Tenemos dos bases de datos [de combis]: Lima y Callao.
Vamos a hacer una fiscalización documental de los vehículos y rutas.
Luego, vamos a hacer una supervisión en campo para verificar si las
condiciones en las que ellos dicen que están operando se están
cumpliendo. Eso nos va a permitir recortar servicios, tomar decisiones.
No se trata de que en un año no va a pasar nada con las empresas de
transporte, todo lo contrario.
Tenemos 120 inspectores de transporte que nos ha transferido la municipalidad. Es un número muy reducido.
—Los choferes del transporte público no pagan las papeletas. Las coleccionan.
Efectivamente.
Por eso estamos impulsando la notificación electrónica para las multas.
Actualmente, la ley dice: yo te puedo notificar sobre tu multa a tu
correo electrónico, pero si no quieres abrir el correo, aquí no pasó
nada. Ahora será como en la Sunat, donde tú tienes tu propia casilla
electrónica y tienes que revisarla. Si no lo haces, es tu problema.
Además, te dedicas al transporte, es tu profesión y eso significa que
debes estar revisando constantemente. Queremos que las sanciones cambien
conductas.
—Pero
también hay una enorme red de abogados en Lima que ofrecen impugnar las
papeletas hasta que prescriban y, mientras tanto, la sanción queda
congelada.
Los
colegios de abogados deben hacer su trabajo identificando estas malas
prácticas. Nosotros los abogados tenemos un código de ética.
—Hay
cerca de un millón de limeños sin acceso al transporte formal y la
gente pobre en Lima gasta la mitad de su sueldo en transporte. Esto se
debe a que, para el transporte formal, no es rentable ir a zonas
periféricas. Si no ha sido rentable antes, ¿cómo será ahora?
El
problema de que no haya oferta formal hacia la periferia no es
solamente el tema de la rentabilidad, porque quien estructura un
servicio de transporte debe hacer un subsidio cruzado. Ahora que el
transporte es un servicio público, esta es una cuestión imperativa. En
abril próximo, tendremos un modelo completo de nuestro transporte
público, una “fotografía” que nos dirá cómo se mueven los limeños y
chalacos. Con eso, ya se va a poder organizar los servicios de
transporte a zonas donde se necesita e ir pensando en esta lógica del
subsidio. El subsidio es esencial para garantizar calidad y acceso al
transporte.
—¿Esta sería la primera vez que hay subsidio en el transporte?
Solo
hay subsidio en el metro. Pero en realidad, conceptualmente, y desde la
norma se dice que la política de subsidio debe estar dirigida a la
población de menos recursos de Lima y Callao.
La fusión con los corredores complementarios de Pro Transporte y el Metropolitano aún no ha concluido y urge ayuda.
—¿Cuándo vamos a poder movilizarnos con un modelo de concesiones, como los corredores?
Urge
que concluya la fusión. Con eso, en julio estamos iniciando los
estudios que nos permitirán construir las bases para pasar a un modelo
de licitación. En ese año, tenemos que estructurar un programa que nos
permita que las empresas del sistema tradicional se fortalezcan
empresarialmente. Es gente que ha estado en el servicio 20 o 30 años y
hay que acompañarlos a que den esos pasos. Deben de tener contabilidad
que les permita tocar puertas a entidades bancarias para comprar
unidades formales con recursos formales y participen en las
licitaciones. Si todo el año que viene tenemos los principales
corredores fortalecidos y tenemos iniciados los estudios para el proceso
de licitación a mitad de año, ya en el 2022 creo que podemos ver todo
más completo y la gente va a experimentar las mejoras.
—¿Cuánto tiempo podremos reducir nuestros viajes en bus?
Nosotros
en vías principales podemos reducir a la mitad el tiempo de viaje [...]
Vamos a implementar carriles exclusivos en las vías donde sea posible.
El problema de que no haya oferta formal hacia la periferia no es solamente el tema de la rentabilidad, porque quien estructura un servicio de transporte debe hacer un subsidio cruzado.
—Con
este nuevo modelo de concesiones hay unas 15 mil combis y coasters que
deberán retirarse. ¿Adónde van a ir? La Municipalidad de Lima no tiene
espacio en los depósitos, no hay chatarreo.
Tenemos
experiencia en eso con los primeros corredores complementarios [en el
2014]. Hay empresas que van a querer asumir la salida de estas unidades
[que las mismas empresas en licitación asuman el costo del chatarreo de
las combis de su ruta]. Yo quiero postular y digo: como parte de mi
oferta ofrezco chatarrear, te voy a sacar del mercado esas combis de mi
ruta. Ellos mismos llaman a los dueños de las combis y las meten al
desguace. Es un chatarreo privado.
