Proyecto de ley aprobado en Comisión de Energía del Congreso establece que retiro deberá efectuarse en un plazo de 24 meses, sin que ello constituya un costo para los usuarios.
La
presente ley tiene por objeto establecer la descontaminación ambiental
mediante el retiro del cableado aéreo de los servicios de electricidad y
de telecomunicaciones que se encuentren en mal estado o en desuso, a
fin de garantizar la seguridad de la población y el derecho a vivir en
un ambiente sano y equilibrado.
La medida se
aplicará a las zonas urbanas, y para ello las empresas, en un plazo no
mayor a 24 meses, contados desde el vigor de la presente ley, deben
proceder al retiro de estos cables sin trasladar los costos del retiro
en las tarifas pagadas por el público consumidor.
La
supervisión del retiro del cableado queda sujeto a la previsión
ambiental por parte de la entidad de fiscalización ambiental competente,
de acuerdo con las normas del Sistema Nacional de Evaluación y
Fiscalización Ambiental, y sujeto también a la supervisión de las
municipalidades provinciales y distritales.
La
norma establece que el incumplimiento de lo dispuesto (el retiro del
cableado) constituye infracción muy grave y sancionable con multa
impuesta por la autoridad competente de acuerdo al marco normativo.
El
acuerdo fue optar por la insistencia, debido a que solo se han aceptado
algunas observaciones del Ejecutivo y se ha mantenido el texto
originario de las otras disposiciones observadas, según se explica en
nota de prensa difundida por el Congreso.
El
legislador Héctor Acuña Peralta, autor de la iniciativa, explicó la
necesidad de incluir la participación de las empresas proveedoras y que
se precise en la misma el plazo de 24 meses para hacer efectivo el
retiro de la maraña de cables que se observan en las ciudades, de lo
contrario la ley solo será letra muerta, advirtió.
El tratamiento de costos le corresponderá establecer a los organismos reguladores, como Osinergmin u Osiptel, dijo.
De
la misma forma, la comisión se pronunció por que la norma no necesite
pasar por un proceso de reglamentación, hecho que generalmente hace que
las leyes aprobadas por el Congreso no se ejecuten ni cumplan su
cometido.
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