El Ejecutivo publicó este viernes el Decreto de Urgencia N°019-2020
que dispone medidas para mejorar la regulación, gestión y fiscalización
del tránsito y transporte terrestre y de sus servicios complementarios
para prevenir los daños y efectos que provocan los siniestros viales.
Una de las medidas que indica el dispositivo publicado en el diario El Peruano incluye la creación de un nuevo delito: la producción de peligro en el servicio público de transporte de pasajeros, incorporado al artículo 273-A del Código Penal, y que sanciona con una
pena de uno a tres años de cárcel e inhabilitación para el que presta el
servicio público de transportes de pasajeros y/o conduce vehículos de
dicho servicio, con o sin habilitación otorgada por la autoridad
competente.
Es
decir, que pueda generar un peligro para la vida, la salud o la
integridad física de las personas al no cumplir con los requisitos de
ley para circular y que, además, dicho vehículo no cuente con el
correspondiente Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) vigente o no haya pasado la última inspección técnica vehicular.
Otra
modificación se realizó el delito de lesiones graves (artículo 121 del
Código Penal) aplicando la sanción de cárcel hasta 12 años, si existen
lesiones graves al servidor civil o autoridad administrativa relacionada
con el transporte, tránsito terrestre o los servicios complementarios
relacionados con dichas materias y es lesionada en ejercicio de sus
funciones o como consecuencia de ellas.
Licencias y sanciones
La
norma señala que los postulantes que solicitan la obtención,
recategorización, revalidación o canje de la licencia de conducir, y
otros son supervisados y fiscalizados por la Superintendencia de
Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) que puede
imponer sanciones.
Entre
las sanciones a las normas de transporte y tránsito terrestre, y de sus
servicios complementarios se incluye la cancelación definitiva de la
concesión, autorización o permiso, según corresponda.
También
la inhabilitación para brindar el servicio de transporte o realizar las
actividades vinculadas al transporte y tránsito terrestre o servicios
complementarios, entre otros.
En
el caso que el infractor se resista a la ejecución de la medida, la
autoridad puede utilizar todos los medios físicos y mecánicos que se
consideren necesarios, adhesión o colocación de carteles y/o paneles, el
uso de los instrumentos y herramientas de cerrajería, soldadura, el
tapiado de puertas y ventana, y otros.
Multas
El
incumplimiento de una medida administrativa por parte de los
administrados acarrea la imposición de una multa coercitiva no menor a
una Unidad Impositiva Tributaria (UIT) ni mayor a 20 UIT.
El administrado paga la multa coercitiva en un plazo de cinco (5) días hábiles, vencido el cual se ordena su cobranza coactiva.
La
norma establece el fortalecimiento de la institucionalidad y del marco
regulatorio en materia de seguridad vial, transporte y tránsito
terrestre, y de sus servicios complementarios, así como establecer
estándares de seguridad en las vías públicas terrestres.
Por ello se dispone que la Sutran y la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU)
pueden realizar la gestión directa o mediante terceros de depósitos
vehiculares a fin de proceder al internamiento de vehículos afectados
por alguna medida administrativa, y que los recursos provenientes de la
recaudación se destinen de manera exclusiva para el desarrollo de las
actividades de fiscalización, sanción y prevención.
