En caso de una situación de asedio sexual dentro de una unidad de
transporte público se deberá dar aviso inmediato al conductor o a la
tripulación
Fotos: MTC
3 de diciembre de 2021 - 2:19 p. m.
¡No
vas sola! ¿Sabías que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones
(MTC) cuenta con un protocolo de atención ante actos de acoso sexual en
el transporte público terrestre?
El objetivo es establecer acciones para dar una
atención inmediata a las personas víctimas de acoso sexual en los
vehículos de transporte público.
No te quedes callado. ¡Denuncia! El protocolo
garantiza la seguridad de los usuarios del servicio de transporte.
Descárgalo en el siguiente enlace:
https://www.gob.pe/institucion/mtc/normas-legales/1422443-025-2020-mtc
El acoso sexual se puede manifestar físicamente con tocamientos indebidos, roces corporales, masturbación o exhibicionismo.
El asedio también se puede expresar verbalmente, es
decir con comentarios e insinuaciones de carácter sexual o mediante
manifestaciones gestuales, como gestos obscenos que resulten hostiles,
humillantes u ofensivos.
¿Cómo actuar?
La especialista de la Dirección de Políticas y Normas
de Transporte Vial del MTC, Ofelia Soriano, explicó que la víctima o el
testigo de una situación de asedio sexual dentro de una unidad de
transporte debe dar aviso inmediato al conductor, cobrador o miembro de
la tripulación.
Además, se debe ubicar a la víctima lejos de la
persona agresora y llamar de inmediato a la línea 105 de la Policía
Nacional del Perú para dar aviso de la incidencia.
Al tomar conocimiento de la agresión, el chofer debe
dirigir su vehículo al punto de control policial más cercano o
aproximarse a un inspector de transporte, fiscalizador o personal de
serenazgo si se encuentra dentro de Lima o Callao. En provincias dará
cuenta a la Policía Nacional o a un inspector de la Sutran.
Cuando se encuentre a algunos de esos representantes
de la autoridad, el conductor detendrá el vehículo para que se haga
cargo de la agresión. Si la persona que interviene es un oficial
policial, se procede a la detención del agresor y a tomar los datos de
la víctima y los testigos. El Código Penal sanciona al victimario con
penas privativas de la libertad que van de 2 a 15 años.
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