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Ya
en el estrado, Sun Tae Park, embajador encargado de Corea del Sur en el
Perú, no aguantó la emoción y se puso a llorar. Así saludó a las
autoridades peruanas el lunes último, durante el evento de lanzamiento
de la construcción del aeropuerto internacional de Chinchero en Cusco (AICC).
Estaba
conmovido –según aclaró– porque pronto será reemplazado por otro
diplomático. Pero también porque se sentía muy agradecido con el Estado
Peruano por haber elegido a un consorcio de su país para que se encargue
de la asistencia técnica de las obras en el futuro terminal aéreo. Una
labor que, desde el 2019, la realiza una oficina de gestión de proyectos
(PMO) integrada por Korea Airports Corporation, entre otras agencias
gubernamentales de la nación asiática.
En
su exposición, Park solo cambió su tono de voz y secó sus lágrimas
cuando –en un rapto de sinceridad– confesó que había recibido varias
opiniones negativas sobre el AICC, en las que le expresaban “una constante preocupación” por las posibles afectaciones al patrimonio cultural.
Frases sobre las cuales dijo que había reflexionado: “Llegué a la
conclusión de que el Perú necesitaba un amigo verdadero”. Y así se sentó
entre aplausos.
Después de él, desfilaron una decena de ponentes –ahí estaba el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC),
Carlos Lozada–, quienes nunca profundizaron en los cuestionamientos
respecto al aeropuerto y los daños que generaría en los sitios
arqueológicos del Cusco.
En las casi cinco horas que duró la cita, tampoco se habló del estudio de impacto patrimonial (EIP) requerido por la Unesco
en julio pasado, con el que la entidad internacional buscaba indagar
sobre la afectación que causaría el AICC en tres bienes listados como
Patrimonio Mundial: el Santuario Histórico de Machu Picchu, el Qhapaq
Ñan y la ciudad del Cusco.
Un documento técnico que ha motivado silencios y contradicciones del Ejecutivo.
—Los estudios—
A través de una solicitud de acceso a la información pública al MTC, que tardó todo el plazo de ley en ser resuelta [diez días hábiles], El Comercio accedió
a los EIP encargados para el AICC tras el pedido de la Unesco. Dos
evaluaciones –fechadas en octubre del 2019 y elaboradas por dos grupos
de expertos– en las que se midió el impacto al patrimonio que tendría el
futuro aeropuerto sobre Machu Picchu y varias secciones del Qhapaq Ñan.
Entre ambos documentos se pueden contabilizar hasta 60 impactos identificados sobre los dos sitios arqueológicos; de ese total, 39 fueron calificados como negativos,
es decir, el 65% generaría algún tipo de afectación al patrimonio.
Asimismo, 48 fueron categorizados por sus efectos muy altos, altos o
moderados altos (79%); 40 por sus efectos directos (67%); y 39 por los
cambios permanentes que provocarían (65%).
En el caso del santuario histórico –que involucra a la llaqta o ciudadela inca,
la red de caminos anexos, la localidad de Machu Picchu Pueblo y el
acceso oeste por la central hidroeléctrica–, los efectos negativos
sumaron 29 de un total de 40 (79%). El informe concluyó que los impactos
se darían cuando entre en funcionamiento el terminal aéreo debido a la
llegada masiva de turistas. El lunes, el MTC informó que el inicio de
operaciones está programado para octubre del 2024.
Los posibles efectos negativos detectados en la llaqta son el “desgaste acelerado” de pisos de tierra, el “deterioro de la superficie lítica” por acción de los visitantes,
la aglomeración de turistas, entre otros. En la red de caminos anexos,
se determinó una probable acumulación de residuos sólidos, el incremento
de motocicletas o la presencia de comercio ambulatorio.
“Es
evidente que los visitantes han aumentado en los últimos años, y junto a
esto, el impacto sobre el bien cultural y natural [...] Hoy por hoy,
sin el aeropuerto internacional de Chinchero, ya se tiene una masiva
concurrencia de turistas al santuario histórico, que en algún momento
podría exceder su capacidad de carga estipulada”, se lee en el
documento.
En el Qhapaq Ñan
(evaluado en los tramos Ollantaytambo-Lares-Valle de Lacco,
Vitkus-Choquequirao, y Hanan Huaqaypata-Ciudad de Cusco), los
especialistas reportaron un posible deterioro del sistema vial “por el
incremento de la transitabilidad”; desgaste en las superficies de piedra
de plataformas y escalinatas; e incluso la destrucción de trazos del
Camino Inca por parte de las comunidades que quieran abrir trochas
carrozables.
Para
los dos sitios arqueológicos, los impactos positivos identificados
estuvieron relacionados con el desarrollo económico (por ejemplo, en Machu Picchu
se estableció que habría una “mayor generación de recursos económicos
para la Dirección Desconcentrada de Cultura por el incremento de
turistas”), o social (en Qhapaq Ñan,
se identificó que se tendría una “democratización del sistema vial
andino con la finalidad de reactivar las investigaciones, conservación y
gestión cultural”).
Los expertos también plantearon algunas medidas de mitigación
ante los posibles impactos del AICC, aunque estas fueron de carácter
general, como la actualización del ordenamiento territorial del distrito
de Machu Picchu, o un mayor control del municipio local en los
parámetros de edificación (hoteles, viviendas, etc.).
En
cuanto a la metodología para elaborar estos EIP, se señaló que se
utilizaron los lineamientos del Consejo Internacional de Monumentos y
Sitios (Icomos). Sin embargo, José Hayakawa, presidente del comité
peruano de Icomos, dijo que ni el MTC ni los arqueólogos evaluadores en
Chinchero se contactaron con ellos para realizar los estudios “como
correspondía”.
—¿Dónde estaba el EIP?—
Desde
que este Diario reveló que la Unesco había solicitado un EIP de
Chinchero al Estado Peruano, la posición oficial había sido que los
estudios previos en la zona del proyecto (monitoreos y evaluaciones
arqueológicas) no registraron vestigios ni posibles afectaciones
patrimoniales.
No obstante, nunca hubo claridad en el proceso de elaboración del EIP.
En diciembre, el exministro Edmer Trujillo contradijo a su sector al
indicar que el estudio requerido aún se estaba formulando; y en enero,
Trujillo afirmó que el documento estaría listo antes de junio del 2020,
pese a que Cultura informó que el MTC ya lo había culminado.
Tras acceder a los nuevos estudios, El Comercio
consultó al sector Transportes sobre sus alcances y conclusiones. Al
cierre de esta edición, en un comunicado el ministerio solo precisó que
los EIP fueron elaborados con dos órdenes de servicio (por montos de
S/33.000 y S/32.480) en un plazo de ejecución de 45 días.
Según el MTC, estos ya fueron enviados al Ministerio de Cultura
para su análisis y evaluación “por ser el sector especializado para tal
fin”. Además, explicaron que la Dirección General de Aeronáutica Civil
(DGAC) ya coordina con el sector Cultura y la PMO surcoreana para “la
elaboración de los términos de referencia (TDR) para la contratación de
los expertos internacionales que estarán a cargo del desarrollo del documento concluyente que será remitido a la Unesco”. Prevén que esos TDR estén listos en marzo próximo.
***
Arqueólogas a cargo de los EIP fueron cuestionadas por daño al patrimonio
Nancy
Román Bustinza, arqueóloga a cargo del EIP para el Qhapaq Ñan, fue
cuestionada por el Ministerio Público por su actuación como perito
judicial en el 2013. Aquel año la fiscalía investigaba los daños en un
muro incaico provocados por la construcción del centro comercial Ima
Súmac, en la ciudad del Cusco.
Según “La República”, en su informe pericial sobre el caso, Román concluyó que “no hubo alteración porque el muro no era original”,
y que más bien la nueva obra “logró estabilizarlo”. Meses después, la
Corte Superior cusqueña condenó a cuatro años de prisión suspendida a
los dueños del centro comercial y de la constructora a cargo del
proyecto.
En
el caso de Lisbeth Rodríguez Mendoza, arqueóloga encargada del equipo
que elaboró el EIP para Machu Picchu, la fiscalía le habría imputado la comisión del presunto delito contra el patrimonio cultural, por el mismo caso de afectación del muro incaico para construir el centro comercial en Cusco.
Sobre ambas expertas, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones
informó que “se encuentran aptas para brindar servicios al Estado”.
Para cumplir estas tareas suscriben documentos en los que declaran bajo
juramento no tener inhabilitaciones vigentes. El Comercio intentó
ubicarlas sin éxito.
***
Jeong-In Ha, de Korea Airports: “El proyecto se hace sin dañar el patrimonio”
¿El AICC es una prioridad para su gobierno?
Sin duda alguna. Así es.
Hay opiniones negativas y positivas sobre el proyecto. ¿Cuál es la suya?
Siempre
hay pros y contras con una obra [de esta envergadura]. Machu Picchu es
un patrimonio mundial muy importante. Estamos emprendiendo el proyecto
con la comunidad, con el Gobierno, paso a paso. Nos sentimos preparados
para realizarlo.
¿Habrá impactos en el patrimonio del Cusco?
El proyecto se hace sin dañar el patrimonio, minimizando los impactos.
¿Qué sabe acerca del EIP que requirió la Unesco?
Eso es algo que requiere ser respondido con mucho cuidado y cautela [...] En este momento, mi respuesta es que todo está bien.
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